Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se refirió a los operativos de seguridad implementados por el gobierno en torno al G 20 y sostuvo que intentan “instalar un clima de amenaza”, lo que limita “el derecho a la protesta”.

Y advirtió que el ministerio de Seguridad “está usando” la cumbre de mandatarios “como una justificación para endurecer” la vigilancia “sobre algunas organizaciones de formas “que rayan el espionaje ilegal”.

Tufró sostuvo en este diálogo con  que el ministerio de Defensa adquirió un software israelí que se utiliza para “una especie de vigilancia sobre la actividad que se da en las redes”, para defenderse de ataques cibernéticos, aunque “nada garantiza” que esto “se use de otra manera”.

“No hay ninguna hipótesis seria o conocida por lo menos hasta ahora de terrorismo en el país”, manifestó el coordinador del CELS y agregó que el gobierno genera una situación donde “da medio los mismo si alguien es “un terrorista, si está en contra del G20 o quiere manifestarse en la calle”.

-¿Qué hay detrás del gran operativo de seguridad del G20?

-En principio está claro que un evento de este tipo requiere un operativo de seguridad excepcional. Lo que nosotros vemos es que esto se está usando como una justificación para endurecer por un lado la vigilancia sobre algunas organizaciones, de formas que para nosotros rayan la inteligencia ilegal, el espionaje ilegal. Y después también para seguir endureciendo la postura del gobierno en cuanto a la protesta social, algo que no es nuevo pero vemos que si se intenta instalar un clima de miedo o de amenaza a quienes se organicen para mostrar su repudio al G20. Creemos que el intento de que no haya movilizaciones masivas es una forma de limitar el derecho a la protesta, la creación de ese clima adverso a la movilización.

-¿Adquirieron un software israelí para esta fecha o con esta excusa?

-Sí. El ministerio de Defensa adquirió un software israelí para hacer procesamientos de información en redes abiertas, una especie de vigilancia sobre la actividad que se da en las redes, que en principio está justificado por un tema de ciberdefensa, para tratar de evitar ataques cibernéticos a la estructura de la defensa nacional pero sabemos que en Argentina no existe ningún control sobre lo que hacen los servicios de inteligencia; o sea que nada garantiza que nos vayamos a enterar si esto se usa de otra manera. Con el agravante de que está en manos del ministerio de Defensa, es decir, que es un sistema militar que tiene totalmente prohibido hacer inteligencia interna con lo cual acá habría un doble problema.

-El gobierno estuvo agitando los fantasmas del terrorismo, ¿Se puede decir que hay problemas con el terrorismo en el país?

-Nosotros creemos que no hay ninguna hipótesis seria o conocida por lo menos hasta ahora de terrorismo en el país y si la hay, el gobierno debería decir cuál es en lugar de estar como a la pesca de qué actividad puede tratar de encasillar en algo parecido al terrorismo. El G20 eleva sin duda los niveles de alerta en relación a alguna posible actividad terrorista, no apuntada a la Argentina específicamente, sino al hecho de que acá van a estar los mayores líderes de los países desarrollados y eso está bien y deben existir esos protocolos. Pero lo que estamos viendo en las últimas semanas, que se vino filtrando y dando a conocer, incluso los operativos que hubo contra supuestos simpatizantes o integrantes del Hezbollah, todo eso genera muchísimas dudas. Y también la filtración de información financiera que no sabemos cómo, si fue el gobierno el que filtró información sobre los fondos que reciben algunas organizaciones, que son fondos que reciben hace años para su funcionamiento y que no tienen nada que ver con el terrorismo. Luego aparecen esas notas periodísticas donde se sugieren asociaciones peligrosas y eso mancha a organizaciones que nada tienen que ver con el terrorismo pero si tienen que ver con la oposición al G20. Se genera esta especie de equivalencia, medio que da lo mismo si es un terrorista, si es alguien que está en contra del G20 o quiere manifestarse en la calle.

-¿Este operativo de seguridad paralizando los subtes y los trenes es normal en el mundo?

-No sabría cómo es exactamente en el resto de los países, acá pareciera que es muy desproporcionado porque ya se establecieron zonas de exclusión donde no se puede circular, bastaría con eso y no cortar todos los subtes de la ciudad. Tiene más que ver con que la gente no pueda moverse para ir a protestas que van a ser en distintos puntos de la ciudad que con una cuestión de seguridad de los mandatarios o de la ceremonia.

-¿El discurso xenófobo se utiliza también políticamente, electoralmente a lo Bolsonaro?

-Sí, no cabe duda y esto no es algo que empieza ahora con el G20. Hace un año y medio que sacaron un decreto que endurecía las condiciones para las expulsiones y las garantías para los migrantes que estén acusados de delitos, y eso lo hicieron después de que hubo un caso resonante donde se suponía que uno de los chicos que perpetraron un asesinato era peruano, pero era argentino, hijo de peruanos. Típica reacción de demagogia punitiva, de utilizar los peores sentimientos que afloran en algunos sectores de la población cuando hay un caso de este tipo, utilizan esos sentimientos para realizar política pública, que es algo gravísimo.

-¿Están resguardados los derechos humanos, los derechos a manifestarse con este tipo de políticas, con doctrinas como la de Chocobar?

-Vemos algunos retrocesos, no te diría que no están garantizados los derechos humanos porque sería una generalización muy grande pero en algunas cosas vemos algunos retrocesos. En el caso del derecho a la protesta tiene que ver con esta cuestión de instalar que cada vez que se va a una protesta, no se sabe qué puede pasar, si se va a terminar preso porque detienen a gente que no tiene nada que ver con ningún tipo de desmán o si te vas a llevar un balazo de goma porque hay represiones que son indiscriminadas. Eso funciona como una amenaza y funciona como una limitación al derecho a la protesta. Después siguen habiendo problemas en muchas otras cuestiones y espacios que no son nuevas, pero que quizás se han intensificado, lo que ocurre en las cárceles, lo que ocurre en las comisarías que están superpobladas, hacinadas donde suceden situaciones como la de Esteban Echeverría la semana pasada con ocho presos muertos.

-¿Cuál es la importancia del fallo contra los prefectos por tortura a jóvenes de la Garganta Poderosa en la villa 21 -24?

-Para nosotros es un fallo importantísimo porque visibiliza una situación que tanto las organizaciones del barrio como los organismos de derechos humanos venimos denunciando, que la Prefectura no tiene ningún control en esos barrios, hacen lo que quieren y no hay ningún mensaje del ministerio de Seguridad de que se comporten de acuerdo a las leyes y a sus normativas. En este fallo fue muy importante que los funcionarios judiciales creyeran lo que las víctimas les contaban porque uno de los problemas que hay con las víctimas de violencia institucional que son chicos de barrios pobres, es que en general no se les cree porque pareciera que son personas socialmente desacreditadas. Acá les creyeron y después todas las pruebas que se fueron juntando fueron confirmando lo que Iván y Ezequiel decían, con lo cual hubo una investigación muy buena y que llegó a un fallo muy importante no solo por el caso en sí, sino por lo que visibiliza. Ahora esto debería generar algún tipo de reacción de parte del ministerio de Seguridad en cuanto al control de la Prefectura en el barrio y lo que estamos viendo es que no lo está generando.